El Grupo del Banco Africano de Desarrollo (BAfD) anuncia que lanzó una campaña de seis meses la semana pasada para crear conciencia entre sus partes interesadas internas y externas sobre su nueva política de denunciantes, aprobada por las Juntas Directivas el 19 de enero de 2023.
Esta nueva política se basa en la Política de Denuncias y Quejas del AfDB de 2007, que en su momento fue considerada una de las políticas más progresistas que expresa la importancia que la institución otorga a las contribuciones de los denunciantes a sus procesos anticorrupción y la tolerancia cero ante cualquier represalia. acción contra ellos.
La entidad financiera precisa que la nueva política de denuncias establece estándares adicionales: los miembros de las juntas directivas y los representantes electos del banco ahora entran en el ámbito disciplinario de la política, cuando resulte que han amenazado o participado en represalias contra cualquier parte, interna o externa, que denunció fraude y corrupción en las operaciones del banco, o participó en auditorías, investigaciones y procesos disciplinarios.
Al fortalecer su capacidad para proteger a los denunciantes externos, la nueva política clasifica las represalias de actores externos en el contexto de las operaciones financiadas por el Grupo del Banco como prácticas obstructivas, que están sujetas a exclusión en el sistema de sanciones del Grupo del Banco.
La nueva política garantiza que el Grupo del Banco continuará protegiendo a las personas o entidades que denuncien fraude o corrupción de buena fe; negarse a infringir la ley haciendo divulgaciones públicas; impugnar la ilegalidad nacional o internacional, así como el abuso de poder, la mala gestión, el despilfarro flagrante o las amenazas graves a la salud o la seguridad; y son identificados erróneamente como informantes.
Asimismo, este nuevo marco garantiza el debido proceso, en la medida en que ofrece asistencia temporal a las víctimas de represalias a la espera de la resolución final de su denuncia; protege los derechos de las personas que buscan protección de denunciantes contra represalias; preserva el anonimato de los denunciantes manteniendo la confidencialidad de sus procedimientos; y protege el derecho de los denunciantes a ser informados del progreso de sus solicitudes.
Las juntas directivas del Grupo del Banco se comprometieron a revisar la nueva política en 2028, después de cinco años de implementación, teniendo en cuenta los informes de evaluación y los comentarios de las partes interesadas, dijo el comunicado del BAfD.
Por Boletín OMA N° 1154 del 05/02/2023
Artículo publicado bajo la dirección del Dr. Najib Kettani
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