En Túnez, los magistrados han optado por mostrar su hartazgo por la « injerencia permanente » del presidente Kaïs Saïed « en el poder judicial » mediante una huelga de una semana prorrogable, que comenzó el lunes 6 de junio.
La consigna fue decretada por los principales sindicatos profesionales de magistrados enojados con el Jefe de Estado que sigue tomando decisiones que afectan a su cuerpo profesional a su antojo. El paro sería « muy seguido » en todos los juzgados, en el territorio nacional, según algunos dirigentes sindicales.
La última iniciativa impugnada del presidente es la destitución, el 1 de junio, de 57 jueces. El número uno tunecino les acusa, según el Diario Oficial, de « encubrimiento de asuntos terroristas », « corrupción », « acoso sexual », « connivencia » con partidos políticos y « perturbación del funcionamiento de la justicia ». Para él, esta decisión, que calificó de “histórica”, se trata de “purificar” el poder judicial.
Los magistrados están tanto más reunidos cuanto que el presidente se ha otorgado a sí mismo el poder de destituir a los jueces « sin el más mínimo recurso » posible. Entre los despedidos y que podrían ser procesados se encuentran un exvocero de la unidad antiterrorista, un exdirector general de aduanas y el expresidente del Consejo Superior de la Judicatura (CSM).
Las destituciones también afectan a magistrados sospechosos de haber obstruido la investigación de los asesinatos en 2013 de dos líderes de izquierda, Chokri Belaid y Mohamed Brahmi, por presuntos yihadistas.
Las múltiples decisiones de Saïed preocupan cada vez más a la clase política. El pasado mes de abril, la oposición anunció la creación de una coalición, bautizada « Frente de Salvación Nacional », con el objetivo de aglutinar a numerosos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, y trabajar por el restablecimiento del proceso democrático y constitucional, sin olvidar la protección de las libertades y derechos en el país.
A nivel internacional, la misma historia. Recientemente, una Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como « Comisión de Venecia », criticó la celebración de un referéndum sobre una nueva Constitución prevista para el próximo 25 de julio, subrayando que el decreto del Jefe de Estado convocando a los votantes en esta reunión no se ajusta a la Constitución.
Saïed reaccionó con firmeza ante esta « injerencia en los asuntos internos de Túnez », pidiendo a los miembros de dicha Comisión que abandonaran el territorio tunecino.
Por Boletín OMA N° 731 del 06/07/2022
Artículo publicado bajo la dirección del Dr. Najib Kettani
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